Juristas e investigadores de toda España participan desde hoy en las sesiones de trabajo que tienen por objetivo analizar, desde el punto de vista del Derecho, el uso de las leyes durante el régimen franquista. A lo largo de hoy miércoles y durante todo el día de mañana jueves, se debatirán aspectos como el experimento de la tortura en el laboratorio de la Verdad, la cultura jurídica en el franquismo, la represión silenciosa a los gitanos durante la dictadura o los criterios jurídicos, políticos y éticos del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. La pretensión de esta sesión científica, según explicaba hoy su director, el profesor de Filosofía del Derecho de la UAL, Federico Fernández-Crehuet, es ahondar en una etapa en la que los historiadores y los juristas han reparado menos que en la Guerra Civil, por ejemplo. “Creo que metodológicamente es necesario separar una cosa y otra y considero que en la dictadura todavía no nos hemos parado lo suficiente. Jornadas como éstas tratan de reivindicar que no se puede intentar domesticar el pasado”. En esa misma línea se han manifestado tanto el Rector de la UAL como el Presidente de la Diputación, que también han asistido hoy a la inauguración de este congreso. Ambos han reivindicado la defensa de la memoria histórica para recuperar la dignidad mancillada a quienes perdieron la contienda civil. Según se ha puesto de manifiesto en este congreso, durante los primeros años de dictadura, la represión, la tortura y el campo de trabajo fueron los más eficaces métodos de legitimación del régimen. La represión, tanto física como psíquica, fue una constante de intensidad discontinua durante aquella aciaga etapa de nuestra historia. Las relaciones diplomáticas y con la Iglesia, el impulso del derecho social o de la democracia orgánica se ampararon en un discurso, en ocasiones de carácter jurídico-político, una de cuyas principales funciones era, precisamente, esa, legitimarlo. Uno de los libros de propaganda del franquismo, “25 años de Paz. Pensamiento político de Franco”, publicado en 1964, sorprende por el interés y la atención que presta a determinados sectores del Derecho: nada de Derecho civil, nada de Mercantil, poco o nada de Derecho administrativo y nada, por supuesto, de Derecho Penal, bastante Derecho político y muchísima insistencia en lo que, generosamente, se denomina Derecho social, pero que, en realidad, es mera descripción de las supuestas políticas sociales que el Régimen llevaría a cabo. La propaganda franquista justificaba que, frente a los viejos derechos, como el civil, romano, penal o mercantil, el Derecho Social había nacido a la par que el Movimiento Nacional y pertenecía a una época caracterizada por la injusticia social. Ese Derecho impuesto por el franquismo se componía, paradójicamente, no sólo derechos sino, sobre todo, de obligaciones; unas obligaciones dirigidas, según el régimen franquista, hacia una finalidad social: el Bien Común, así, con mayúsculas. Esta visión del Derecho, este modo de concebir el Derecho, apuntaba, de un lado, al intento serio de refundar la totalidad, de crear una ficción, una mentira, que se había de sostener por la mera idea de novedad: un nuevo Estado, un nuevo Derecho y una nueva idea de justicia. Ésta última se remozaba añadiéndole el calificativo social. El problema principal es que el calificativo Derecho social, justicia social y, por supuesto, Estado Social, se defendía no como un complemento del Estado liberal de Derecho sino como su superación. De otra parte, llama poderosamente la atención que los derechos sociales concedidos por el franquismo fueran mínimos o muy básicos y, en general, pudieran ser denominados como una salida de la “miseria”, término que se repite con asiduidad en los escritos de la política social. El Estado social del que alardeaba el franquismo venía a ser un intento de solución de los problemas sociales que había producido o incrementado la Guerra Civil. El derecho social fue quizá, pues, una de las grandes ficciones del franquismo. Después lo sustituiría, a partir de mediados de los 50, el Derecho administrativo. Las reflexiones que se exponen en estas sesiones vendrán a mostrar algunos aspectos de esas “ficciones” jurídicas franquistas y también, en otros casos, el papel que jugaron las instituciones y prácticas que conformaron la realidad de la dictadura. En la actualidad, el estudio del Derecho durante la dictadura franquista es sólo uno de los proyectos de investigación que hay en marcha en la Facultad de Derecho de la UAL. Según destacaba hoy el decano de esta Facultad, Fernando Fernández, hay 15 proyectos de investigación en marcha y 6 grupos de investigación, entre ellos el de “Dictadura y Derecho: España y Portugal”, que dirige el profesor Fernández-Crehuet, impulsor y director de estas jornadas.