La vista oral en la que el ex presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, Pedro Mena, y el administrador de la mercantil Tecniriegos, Santiago Penichet, enfrentan una petición fiscal de once años de prisión por un presunto delito de estafa y contra la Hacienda Pública, quedará mañana visto para sentencia con el trámite de informes tras un juicio que se inició en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería el pasado 9 de noviembre. La causa dirime si procede imponer a Mena y Penichet las penas de ocho y tres años de prisión más una multa de 20 meses a razón de 12 euros al día, respectivamente, así como indemnizaciones que ascienden a seis millones de euros por, presuntamente, lucrarse de "forma ilícita" de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para las obras de mejora de regadíos en el Campo de Dalías, presupuestada en 18,3 millones de euros de los que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) financió un 40 por ciento. Durante los dos primeras sesiones, Mena, de 70 años, negó haberse lucrado con la ejecución de obras de regadío y defendió que su gestión se hizo siempre sin salir "ni un punto ni una coma" de lo acordado unánimemente por su directiva. Atribuyó, en esta línea, los cargos por los que está procesado a aquellos "a los que no soy simpático por lo no haberme dejado manipular" y esgrimió la legalidad y transparencia en su actuación que, según subrayó, demuestra se convocase concurso para la adjudicar la obra "cuando sabía que se podía haber dado directamente". Por su parte, Penichet rechazó "de forma tajante" haberse "puesto de acuerdo" con el ex presidente de la comunidad de regantes para "inflar" el presupuesto de 18,3 millones de euros y alegó ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería que, a su juicio, "resulta evidente que no hubiera podido ser así dado la cantidad de personas que intervinieron en el trámite". El director de obra para la ejecución de la mejora de regadíos en el Campo de Dalías y único de los testigos en completar su declaración, Juan López Navarro, aseguraba que Mena –su tío político– "tiró piedras contra su propio tejado" durante la gestión del proyecto y se mostró convencido de que tampoco favoreció, desde su punto de vista, "los intereses de la entidad". El parlamentario andaluz del PSOE por Almería y presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente, Manuel García Quero, ratificó también ante el tribunal que la Comisión Europea (CE) "está a la espera" de la resolución judicial para exigir a la Junta de Andalucía la "reversión" de los fondos Feoga con los que se financió el 40 por ciento del coste de la obra de mejora de regadío en el Campo de Dalías, bajo sospecha desde el año 1996. El auditor Enrique González se ratificó en el contenido del citado documento, en el que, según reconoció, llamó la atención que el IARA "hubiera hechos caso omiso" a las "nuestras" recomendaciones en cuanto a la adjudicación de la obra a Tecniriegos, en la que apreció la "ausencia de los principios de publicidad y concurrencia" e, incluso, se aplicaron unos criterios en mesa de contratación "distintos a los baremos de criterio de selección". Pese al esfuerzo en la estrategia procesal del letrado de la defensa de Mena por desvirtuar y desacreditar el contenido del informe de la Cámara de Cuentas, aprobado por el Parlamento andaluz, el auditor valoró que, de haberse seguido las recomendaciones, se podrían "haber mejorado la gestión de los fondos Feoga" por parte del IARA con respecto a la comunidad de regantes 'Sol y Arena'. El fiscal, a la espera de hacer público el escrito de conclusiones definitivas, considera que, a principios de 1993 y con motivo de la inminente realización de unas obras de regadíos para el Campo de Dalías (Almería), Mena y Penichet "decidieron maquinar un plan para lucrarse en perjuicio de la propia Comunidad de Regantes y de la administración que subvencionaba las obras, repartiéndose los beneficios económicos de su ilícita actividad". Mena, entonces presidente de Sol y Arena y de la Junta de Usuarios del Poniente Almeriense, encargó al parecer la realización del proyecto a Penichet, que cifró la contrata de ejecución a 18 millones de euros en una operación que sostiene se hizo de "común acuerdo entre los acusados" dado el importe final que califica de "notoriamente desproporcionado en relación con el coste real de las obras". El 3 de junio de 1993 el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) dictó una resolución por la que aprobaba el proyecto y el 6 de octubre se suscribía el contrato por el cual este organismo se comprometía a aportar el 40 por ciento del coste de las obras que se adjudicaron a la postre a Tecniriegos. De esta forma –continúa– y sin concurso alguno, el 29 de noviembre se firmó el contrato de ejecución entre ambos. El Ministerio Público atribuye a Mena y Penichet una segunda "maquinación" por la que la segunda fase de las obras, denominada 'Red de riego por tubería en el sector III, subsector segundo del Campo de Dalías' fue también adjudicada a a la citada mercantil por un importe final de 11,8 millones de euros, subvencionando el IARA el 40 por ciento de dicho importe, "también notoriamente desproporcionado", según subraya en su calificación provisional. En ejecución del "plan preconcebido", el 29 de octubre de 1996 la empresa emitió una factura de un millón de euros aproximadamente en concepto de anticipo de obras, sin corresponderse la factura a ninguna ejecución de obra, aunque fue pagada por la Comunidad de Regantes, restándole a su importe inicial el cuatro por ciento en concepto de fianza. Por último, según concluye– "con evidente intención de obtener fraudulentamente de la administración autonómica la totalidad del presupuesto subvencionado, salvo en el año 1996 en el que coinciden", Tecniriegos fue remitiendo al IARA certificaciones para el cobro de la ayuda "notablemente superiores a los importes de las facturas por ejecución de obras que la empresa remitía a Sol y Arena para su pago". El IARA subvencionó las obras con 7,3 millones de euros para la primera fase y con 2,9 millones de euros la segunda. Según el fiscal, el perjuicio sufrido por Sol y Arena puede cifrarse en 5,1 millones de euros, mientras que la cantidad defraudada a la Junta es de 3,4 millones de euros.